La falta de seguridad en los centros penitenciarios, tanto estatales o municipales, constituye un riesgo para la sociedad, señaló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, durante la presentación del informe especial sobre la situación de las cárceles municipales.
Agregó que este problema puede derivar en motines o fugas de los reos, además de que en la observación realizada por la comisión se detectó que algunas cárceles albergaban a internos de probable alta peligrosidad, presuntamente vinculados con delincuencia organizada; por lo que las autoridades municipales tuvieron que gestionar traslados a reclusorios a cargo del Gobierno del Estado.
Resaltó que uno de los principales problemas que se observaron fue la sobrepoblación, ya que la mitad de los23 reclusorios excede su capacidad y una cuarta parte está en el límite, lo que implica graves violaciones a los derechos humanos.
Álvarez Cibrián mencionó que con excepción de la cárcel de Tlajomulco de Zúñiga, ninguna cuenta con médico de planta, por lo que los internos son atendidos por personal de los departamentos o direcciones de los servicios de Salud Municipales, además de que no existen problemas de rehabilitación para quienes consumen drogas.
Ante esta situación el ombudsman estatal le solicito al gobernador del Estado Emilio González Márquez que instruya a quien corresponda para que de manera gradual el Gobierno del Estado se haga cargo de la operación y funcionamiento de las cárceles que actualmente están bajo la responsabilidad de los ayuntamientos.
Asimismo a Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, otorgue capacitación al personal encargado de la custodia de estos centros, para que se garantice a los internos el respeto a sus derechos humanos
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