Gabriela Godínez García
La consolidación de los derechos de las institucionales de gobierno es el principal fin de la política, por lo que tan solo haría falta mayores facultades para aplicar la ley, hacer que se ejecuten y su aplicación en casos particulares; consideró Carlos Castresana Fernández, comisionado de la Comisión internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante su ponencia en el segundo foro político “Seguridad y Justicia”.
La Ley es por lo tanto la expresión de la voluntad general por lo que debe ser general para todos; ya que esto consideraría penas proporcionales al delito, Castresana Fernández comentó que en el caso de las Normas de Apatzingán anuncian lo que hoy conocemos como estado de derecho, el cual marca un principio de gobernabilidad, en el cual todas las instituciones incluidas en propio estado, se encuentra sometido a algunas leyes.
El estado de derecho exige medidas para garantizar tal como su nombre lo indica derechos, tal como la equidad, certidumbre, legalidad, transparencia jurídica y procesal en los casos que se analicen legalmente.
Se requiere para poder aplicar este sistema contar con organizaciones judiciales conformadas por elementos honestos y confiables, para la debida protección de los derechos del ciudadano, en donde se cuenten con las condiciones para ser atendido de manera oportuna y eficaz.
Añadió que para evitar la incidencia en secuestros y homicidios, es necesario implantar el derecho y respeto a la dignidad humana, como norma rectora del estado de derecho, reconociendo en ello el valor de cada individuo.
Por último menciono que los medios de comunicación, son un factor que interviene en diversos procesos, tal como en tiempos de sufragio, en donde marcan ciertas tendencias favoritistas enfocadas hacia cierto partido o candidato de su predilección, lo que hacen que predispongan a la sociedad a votar por la elección del medio
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