Gabriela Godínez García
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), dicto medidas cautelares dirigidas al presidente municipal de Puerto Vallarta, Salvador González Reséndiz, y diversas otras dependencias estatales y municipales, por parte de con el propósito de que se ejerzan las acciones necesarias para evitar ocurra un percance en el lugar donde se construirá un depósito para el manejo de residuos peligrosos y almacenaje de disel y gasolina en cantidades superiores a 50 mil litros.
Dicha recomendación se origino de la presentación de una queja en la cual vecinos de la colonia Las Juntas, en Puerto Vallarta, Jalisco, por los riesgos que podría implicar la construcción de dicho establecimiento en el camino a Playa Boca de Tomates; a una distancia aproximada de noventa metros de la barda perimetral del aeropuerto y a 240 de las pistas de aterrizaje.
Ante esta situación la CEDH considero que era fundamental velar por el bienestar de las personas que se pudiesen afectar con el proyecto; además de considerar que se podrían violar sus derechos fundamentales como la vida, la salud y la integridad y seguridad personal.
La CEDH solicitó tanto al presidente municipal de Puerto Vallarta, como a la jefa de la Unidad Municipal de Protección Civil, Hiram Fernández Abundis; al director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Trinidad López Rivas, y a la secretaria del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, Martha Ruth del Toro Gaytán, que proporcionen una copia de los estudios que se hayan realizado para determinar si existe o no riesgo en la zona referida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario