Gabriela Godínez García
Para la construcción de la presa el Zapotillo se debe garantizar a los pobladores, transparencia sobre los avances y resultados de estudios que se ha solicitado, así como la normatividad que se requiere para su construcción, señaló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
Añadió que los instrumentos jurídicos establecen la obligación que tiene el estado de darle la oportunidad a la sociedad de opinar en los proyectos, por lo que señaló como urgente que se abstengan de realizar cualquier acto que pueda generar molestia a la población de Temacapulin y que sobre todo no se mal informe de que el único camino que tienen es vender sus propiedades.
En todos los proyectos siempre habrá gente que tenga intereses particulares o oscuros, sin embargo dijo esto no puede ser un pretexto para que no se de la transparencia, la cual es un derecho fundamental y sobre todo que se le de un trato digno a las personas, señaló el Ombudsman jalisciense.
Álvarez Cibrián comentó que se pretende generar un estado de ánimo entre los habitantes, para que estos desistan de luchar por su pueblo y que la sociedad tiene recursos legales ya que existen amparos pendientes ante instancias judiciales.
Por lo que en este momento lo más sano sería la suspensión de las obras por parte del gobierno del Estado, hasta que no se hayan cubierto los puntos recomendatorios que la CEDH ha establecido, así como estudios que determinen alternativas, en donde no se requiera la inundación del pueblo.
Estas declaraciones se derivaron de que se emitió una recomendación dirigida al gobernador del Estado Emilio González Márquez en la cual se le solicita suspenda las obras de construcción de la presa “El Zapotillo”, además de la realización de un estudio para conocer las alternativas y sobre todo que se evite a toda costa el hostigamiento en contra de pobladores y propietarios de fincas en Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
En dicha recomendación señalaba que la CEDH pudo constatar que con la realización del proyecto se realizara como se ha sugerido, quedarían bajo las aguas no sólo edificaciones con valor histórico y antropológico, sino la memoria de sus pobladores, con lo que se afectarían sus derechos a la democracia, a la identidad como comunidades y los colectivos como poblaciones organizada
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